Rendir cuentas para seguir impulsando la ilusión.

Cuando encabecé la candidatura de la coalición “En Común” a las elecciones municipales lo hice con el convencimiento de que la tarea más importante que teníamos por delante era la de generar una estructura institucional que pusiese los derechos de la ciudadanía como eje vertebrador de nuestras decisiones. No se trataba de gestionar lo existente, de mantener los programas cambiando la cara (esta vez amable) de quien los presenta, como si de un juego de sillas y sillones se tratase sino de impulsar iniciativas que supusieran un cambio de mirada, nuevos horizontes y que el camino, ese que se hace en cada paso, estuviera guiado por las necesidades, especialmente, de quienes más necesitan a las instituciones públicas.

En estos 6 meses se han tomado muchas decisiones y hemos intentado, con los aciertos y errores que acompañan inexorablemente a quien tiene que tomar decisiones diarias, que el proceso nos permitiese ir avanzando en una agenda de los derechos de la ciudadanía.

Hemos dado pasos para garantizar el derecho a la participación ciudadana, con medidas como el establecimiento del turno de ruegos y preguntas en los plenos, la creación de consejos sectoriales (pendientes de constitución), la derogación del tasazo y la consiguiente apertura de los espacios municipales o la puesta en marcha de consultas sobre distintos asuntos como el árbol gordo o el tráfico en la Avenida de Salamanca o un régimen de encuentros sistemático con el tejido asociativo municipal. En los próximos meses tenemos todavía una intensa agenda en este sentido con medidas que no cuestan dinero y que tienen que ver exclusivamente con la voluntad política.

Vinculado a esto, el derecho a la información y la transparencia se está trabajando. Esperamos presentar un portal de la transparencia, con mucha de la información relevante sobre la gestión municipal en los próximos días, se ha avanzado notablemente en la transparencia en la contratación municipal y se rinden cuentas de los gastos de distintos eventos desde una perspectiva de buen gobierno.

Creíamos, y seguimos convencidos, de que determinados servicios públicos existen para cubrir derechos de ciudadanía, como es el caso de la Escuela Infantil, ahora más accesible y con unos precios públicos que facilitan que ningún niño o niña se quede fuera por motivos económicos, dado que entendemos que forma parte de su derecho a la educación. El hecho de habilitar salas de estudio o el impulso que supone la firma de un convenio de colaboración con la Universidad de la Experiencia hace que la concejalía de educación se vincule a todas las franjas de edad.

Mientras seguimos felicitándonos por el año nuevo, bisiesto y de incertidumbre, en Ciudad Rodrigo nos podemos también felicitar por un presupuesto nítidamente social, que ha conquistado aquella visión que las gentes progresistas y de izquierdas reclamábamos en anteriores legislaturas. Que permite, entre otras cosas, el impulso de la dinamización social en los ámbitos de infancia, juventud y mayores, como parte de una decidida actuación social. Naturalmente, algunos de los proyectos existentes se han mantenido, pero el esfuerzo de Alejandra Méndez durante estos meses ha sido sentar las bases para una nueva política de dinamización que ahora con este presupuesto puede comenzar a ejecutarse de manera inmediata. Consultar a los jóvenes y promoviendo actividades vinculadas a sus necesidades e intereses o el impulso que supondrá la nueva programación en el Espacio Municipal para la Igualdad son ejemplos de esta nueva forma de hacer política.

Han pasado ya más de 6 meses desde que el equipo de gobierno tomó posesión y comenzó a gestionar las transformaciones que necesita Ciudad Rodrigo. Unos cambios que no únicamente suponen el cambio de discurso sobre las prioridades municipales sino que deben concretarse en acción específica de todos y cada uno de los departamentos. Va siendo hora de comenzar a evaluar desde una perspectiva constructiva, seguramente de repensar muchas cuestiones y, en definitiva, de identificar el grado de cumplimiento de los programas electorales y la salud del acuerdo de gobierno tripartito. Evaluar para mejorar, para resolver problemas y también, en una perspectiva de gobierno abierto, para rendir cuentas ante los ciudadanos y ciudadanas. Lo que toca, en definitiva, es comenzar este 2016 con la misma ilusión que nos ha iluminado estos meses, sin miedo a hablar con todos y de todo.

 

Anuncios

Sobre la medalla de la Diputación

Ante el hecho, conocido durante el día de hoy, de que la Diputación Provincial ha decidido por unanimidad la retirada de la medalla que el dictador Franco todavía ostentaba en esa institución, como firmante de la demanda en la que tiene origen el procedimiento, deseo  trasladar las siguientes consideraciones:

  1. Que una institución pública retire por unanimidad los honores y distinciones que el dictador tiene siempre ha sido una buena noticia. Hoy, por tanto, es un día feliz para la democracia y para la memoria histórica.
  2. Debe recordarse que este hecho no se habría producido de no ser por el procedimiento judicial iniciado por Izquierda Unida en su momento, en el que yo fui, en calidad de coordinador provincial de la organización y a  título particular demandante, Gorka Esparza el letrado y Javier Infante uno de los asesores principales. A estas personas, así como a cuantas han venido acompañándonos en este y otros procesos (por ejemplo el que tiene que ver con el medallón de la Plaza Mayor de Salamanca) quiero agradecerles el trabajo realizado, al mismo tiempo que felicitarles por el logro y el avance que supone para una noble causa como es la de la recuperación de la memoria democrática.
  3. Igualmente, hay que recordar que la Diputación Provincial y su Presidente actúan con posterioridad a una sentencia judicial y como consecuencia de ella, y no tomando la iniciativa cuando se intentó este procedimiento a través de la vía política y administrativa. Se trata, además, de la segunda ocasión en la que Javier Iglesias y las instituciones que preside se ven reprendidos por los tribunales por no cumplir la Ley de Memoria Histórica puesto que una sentencia idéntica a la de la Diputación se dictó en el caso del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo con objeto de la negativa del Sr. Iglesias a realizar los trámites necesarios. En ambos casos el procedimiento judicial ha supuesto un gasto evitable para las arcas de la institución al haber una expresa condena en costas.
  4. En todo caso, hay que destacar y manifestar como muy positivo que el grupo popular de la Diputación de Salamanca haya votado a favor de esta medida puesto que supone un positivo cambio de criterio. Un criterio, además, que al estar encabezado por el actual presidente provincial del PP en Salamanca (que firma la propuesta trasladada al Pleno de la Diputación), debería ser una guía para cuantos concejales y alcaldes de este partido se niegan, en distintos puntos de la provincia, a tomar decisiones de este tipo.
  5. En este sentido, hago un llamamiento al portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, D. Marcos Iglesias Caridad, a que reconsidere la posición mantenida en el pleno cuando se trató este asunto, dado que fue precisamente la medalla y no otro tipo de cuestiones lo que motivó que su voto no fuera positivo. Su argumentación de que “carece de efectos jurídicos” y “es un gesto de cara a la galería” parece no haber convencido al presidente de su partido a nivel provincial.
  6. Igualmente, si bien consideramos (quienes mantenemos abierta una demanda contra el Ayuntamiento de Salamanca) como apropiado el cambio de criterio del Alcalde de Salamanca en relación a distintas calles y símbolos (por motivo de la existencia de distintas causas abiertas en los tribunales) pero hago un llamamiento a que adopte esta línea como definitiva en el caso del medallón de la Plaza Mayor de Salamanca para evitar que sean los tribunales los que tengan que volver a manifestarse al respecto.

Firmado: Domingo Benito Lucas

Tiempo de diálogo

dialogos-400x300

Son días de mucha conversación. Gentes de todo tipo, más o menos sorprendidos, me preguntan, sienten curiosidad y quieren información. Los periodistas, seres de una pasta inclasificable y con un papel fundamental en la sociedad democrática, se interesan y buscan razones. Y de las distintas entrevistas y encuentros que estoy ofreciendo, además de las preguntas más evidentes, hay una sobre la política municipal que se repite, que aparece cada vez, y que me parece muy relevante: ¿cómo es la convivencia en el equipo de gobierno?

Acostumbrados al ordeno y mando, al rodillo implacable que se ejerce desde la atalaya de la mayoría absoluta, un método de gobierno que requiere el acuerdo choca frontalmente en el imaginario mirobrigense sobre la aplicación del poder. Las elecciones municipales rompieron en pedazos la estructura política de los últimos lustros precisamente en lo más hondo: en la imposibilidad de que nadie gobierne en solitario o, dicho de otra forma, en la obligación de encontrarse a la hora de caminar.

La ciudadanía clamaba contra la mayoría absoluta y reclamaba un escenario en el que imperase la cultura del consenso, la negociación, la transacción y el acuerdo. Las consecuencias afectan a toda la configuración de un gobierno municipal. El gobierno no es monocolor y las distintas actuaciones, tanto las estratégicas como las del día a día, requieren de la aprobación de varias partes.

Hay quien observa como negativa esta forma de gobernar debido, probablemente, a la reminiscencia de una mayoría absoluta ejercida de forma absolutista, en la que la rendición de cuentas era mínima y el diálogo inexistente. Frente a eso, muchos percibimos grandes oportunidades para avanzar en los mecanismos democráticos, de dar participación a más gente, de implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones, de abordar la pedagogía política. No es posible que exista diálogo entre el gobierno y el resto de la ciudadanía si el gobierno no está acostumbrado a la conversación y la negociación.

Naturalmente, las implicaciones son mucho mayores y más profundas, y afectan también a la manera de rendir cuentas y de evaluar, desde la ciudadanía, la labor de los representantes. Si las decisiones no son de una sola parte sino de varias, que un partido ponga en marcha su programa electoral en los términos expresados a la ciudadanía es materialmente imposible, puesto que la actuación definitiva será la resultante del consenso de los distintos puntos de vista. De la misma manera, si las decisiones son colectivas, las responsabilidades también lo son. La estrategia general, por poner un ejemplo, en una cuestión como el turismo, no dependerá solo de la delegada en la materia, sino que su definición y aplicación tendrá que ver, también, con ese proceso de permanente negociación. La política, complicada ya de por sí, se vuelve más compleja.

El gobierno municipal tendrá la estabilidad que las partes le ofrezcan, en función de la responsabilidad de los distintos partidos y de que todos seamos capaces de entender que debemos ser flexibles en los planteamientos para facilitar el acuerdo, sin que ello deba implicar renunciar a principios o cuestiones esenciales. Paso a paso.

Lo cierto es que esta forma de gobernar, en la que además queremos implicar a la mayor parte de ciudadanos y ciudadanas posibles a través de distintos mecanismos, requiere un gran esfuerzo y dedicación. Mi intención en esta etapa es que todas las miradas que tenga que lanzar fuera de Ciudad Rodrigo lo sean para conseguir mejorar la vida de los y las mirobrigenses. Siendo ésta la prioridad y siendo el tiempo un bien escaso, he preferido dedicarlo a la tarea que los ciudadanos y ciudadanas me han encomendado. Mi tiempo es para Ciudad Rodrigo, porque es tiempo de diálogo.

El VIII Centenario como oportunidad.

VIII-centenario-usal-logo-2

El VIII Centenario de la USAL, que tendrá lugar en el año 2018, ha sido declarado como “proyecto de Estado”. Se trata de una celebración en la que se realizarán eventos de primer nivel, con participación de personas procedentes de todo el mundo y una gran cantidad de actividades culturales, educativas y académicas. Un evento con proyección internacional y cuyas actividades se desarrollarán, a buen seguro, en la ciudad de Salamanca, pero también en todas aquellas poblaciones que disponen de sedes de la USAL o una relación intensa con la misma, como pueden ser Béjar, Zamora o Ávila.

Teniendo en cuenta la importancia del proyecto, la cercanía con nuestro municipio, y el relativo retraso en los trabajos preparatorios (el Consejo de Ministros lo aprobó en 2008 pero hasta este lunes no se ha producido la primera reunión de la Comisión Interinstitucional), han motivado que hayamos promovido la participación de Ciudad Rodrigo en dicha celebración. Como todo el mundo sabe, el pasado martes acudimos a un encuentro con el Rector y uno de los Vicerrectores de la histórica Universidad.

Aclaremos los conceptos. El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo no hay ido a pedir, ni a exigir. Al contrario, la actitud ha sido la de ofrecer, la de poner a disposición de una Celebración de Estado todo el capital de nuestro municipio. Y cuando se dice todo, debe partirse de la base de que no solamente el Ayuntamiento tiene cuestiones que ofrecer. El Ayuntamiento puede coordinar esfuerzos y estructurar recursos, pero hay muchos otros actores sociales, culturales, institucionales y asociativos que pueden aportar al proyecto. Es por ello que durante estos dos meses, antes de solicitar esta reunión con las máximas autoridades de la Universidad, hemos estado conversando con todos ellos. Con AFECIR y ADECOCIR, FEVESA, el Obispado, la Fundación Ciudad Rodrigo, el Seminario “San Cayetano”, CIVITAS Animación Teatral, el Centro de Estudios Mirobrigense, el Centro Teológico Civitatense y con otras personas vinculadas a la USAL y que han venido realizando sus aportaciones a título particular: Salvador Sánchez Terán, José Ramón Cid, José Manuel de Luis Esteban. A todas estas organizaciones y personas particulares a las que deberán sumarse otras, es menester agradecerles sus consejos, aportaciones y conocimientos

Hemos intentado, espero que con éxito, que los representantes de la USAL tuvieran la idea de que el proceso es un “win-win”, en el que ambas partes ganan. Naturalmente, Ciudad Rodrigo dispondría de una oportunidad importantísima para darse a conocer, para proyectarse y para acoger actividades que mejorarían la oferta cultural, social y académica de los mirobrigenses y supondrían un atractivo turístico añadido durante este año. La Universidad, por su parte, mantendría un mayor contacto con la comarca, optimizaría su función social y tendría el apoyo de una parte muy relevante del tejido social.

Desde la responsabilidad tenemos la obligación de buscar el mejor encaje de Ciudad Rodrigo en cuantos proyectos generen oportunidades estratégicas para nuestro municipio en distintos ámbitos. Pero también la de no generar falsas expectativas. La receptividad de los representantes universitarios no quiere decir que haya nada cerrado, ni mucho menos. Este evento depende de la Universidad, pero también del Gobierno de España, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca, entre otros. Incluso en el caso de que el VIII Centenario tuviera su reflejo en Miróbriga, no debemos pensar que es ninguna panacea, la lotería o algo parecido… simplemente una oportunidad, del conjunto de Ciudad Rodrigo, de sus empresarios, del tejido social y de la ciudadanía organizada dependerá que el municipio sepa aprovecharlo suficientemente. Una cosa está clara y es que, pase lo que pase, nadie podrá decir que Ciudad Rodrigo no lo ha intentado

Notas sobre participación ciudadana (II)

Confundir la participación ciudadana con un simple proceso de recepción de sugerencias o que ha de plantearse ineludiblemente en términos de consultas vinculantes es una forma de abordar el asunto muy recurrente, pero poco edificante.

Como decía en el anterior artículo de esta serie, los procesos de participación son mucho más que eso. En mi opinión, el avance hacia una democracia participativa, especialmente en los ámbitos municipales, los más propicios para su implantación, tiene dos objetivos. Por un lado, el del empoderamiento popular, fortalecer la soberanía de los ciudadanos y ciudadanas estableciendo cauces adecuados y reglados que favorezcan la toma de decisiones colectivas y la gestión adecuada de los servicios y recursos públicos. Por otro, la pura y dura pedagogía política, imprescindible para que lo anterior pueda ser efectivo, democrático y útil. Por ello, no se trata solamente de abrir un buzón de sugerencias o, en el otro extremo, de colocar urnas para cada decisión. Más que en acciones puntuales, deberíamos pensar en procesos.

Para que la ciudadanía se implique en la toma de decisiones y pueda debatir y decidir seriamente sobre los asuntos que le afectan (el tráfico, los impuestos, los recursos municipales, los servicios públicos…) es necesario garantizar una serie de mínimos democráticos. Cuestiones como poner a disposición de esos mismos ciudadanos y ciudadanas la información necesaria para que cualquiera pueda formarse una opinión al respecto de los asuntos, fomentar el libre y sereno debate público en espacios adecuados, garantizar mecanismos de rendición de cuentas, fomentar el asociacionismo y establecer cauces para que las entidades canalicen inquietudes y demandas desde la ciudadanía a las instituciones y viceversa y, naturalmente, promover una estrecha relación de confianza entre los responsables políticos y administrativos y el conjunto de la ciudadanía.

De ahí que la implantación de las iniciativas que tienen intensidad, como los presupuestos participativos, requiera mucho esfuerzo institucional y lentos pero eficientes procesos colectivos. Para que la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la elaboración del presupuesto municipal o en la definición de las prioridades sea algo más que un mero trámite y se convierta en una mejora democrática y con utilidad a la hora de tomar decisiones, es necesario ir dando pasos previos.

Como primer punto, es necesario que los ciudadanos y ciudadanas conozcan la estructura de sus instituciones y las sientan como propias y cercanas, que puedan interactuar con ellas y recibir respuestas (las que sean) a sus solicitudes e inquietudes. La apertura de un turno de ruegos y preguntas en los plenos municipales va en esta dirección.

Por otro lado, es importante que exista un diálogo fluido, pero también reglado y sobre asuntos concretos con el conjunto del tejido social municipal. Las entidades sociales que existen, las asociaciones de vecinos, los clubs deportivos, las asociaciones culturales… deben disponer de un espacio para trasladar propuestas a la institución y ser consultadas. Dicho espacio, además, debe constituirse como lugar de diálogo no solamente entre la institución y las entidades, sino también entre las propias entidades, para utilizar esa riqueza en beneficio de buenas decisiones. Constituir consejos sectoriales o un consejo de municipio abunda en esta línea.

Además, los ciudadanos y ciudadanas deben disponer de cauces para plantear soluciones, alternativas y sugerencias a proyectos concretos, ayudando a los responsables políticos a tomar las mejores opciones. Procesos de consulta como el iniciado con el proyecto de cambio del tráfico en la avenida de salamanca busca ahondar en esta filosofía.

Queda mucho por andar, pero en materia de participación, el camino se hace al andar y la meta muchas veces es el propio paso, lento pero firme.

Limpieza de inmuebles, una decisión ponderada.

4

Antes incluso de tomar posesión sabíamos que nos enfrentábamos a una gran cantidad de retos. A largo plazo, el de cambiar el rumbo del municipio, algo que habrá que valorar al final de la legislatura y cuya evaluación correrá por parte de los ciudadanos. A medio, coordinar actuaciones en distintas materias y a corto plazo resolver cuestiones urgentes de gestión diaria. Aunque intuíamos que podríamos encontrarnos con situaciones indeseadas, lo que no esperábamos era el desastre en materia presupuestaria (con diversas partidas importantes en déficit a mitad de año), la dejación de funciones en las fiestas de verano o la irresponsabilidad con la que se había gestionado (o no gestionado, por ser más claros) el servicio de limpieza de inmuebles. Un servicio cuyo contrato se había extinguido el pasado 28 de febrero, fecha desde la cual, y tras un concurso que quedó desierto, el equipo de gobierno decidió no actuar. Un servicio, según el informe de la empresa que accedió al concurso y que posteriormente desistió “con una plantilla sobredimensionada”. En definitiva, una situación que requería una decisión política que garantizase salir del atolladero en el que el anterior equipo de gobierno lo había metido. Por si fuera poco, la actual empresa concesionaria, entendiendo que tiene pérdidas, ha solicitado al Ayuntamiento un incremento del 6,5% en los 240.000€ que viene cobrando, algo que debemos comprobar, estudiar y decidir en las próximas semanas.

Hemos estado tres meses estudiando posibilidades, analizando los datos y marcando una hoja de ruta para garantizar que el servicio de limpieza de los colegios y edificios municipales se pueda continuar manteniendo y, ante todo, pueda conseguir un ahorro o como mínimo no aumentar su coste. Y hemos llegado a la conclusión, tal y como indicábamos en la campaña electoral y en la legislatura anterior, que este servicio en concreto puede gestionarse mejor desde lo público, de una forma más eficiente. Se trata de una apuesta desde una concepción que antepone los intereses del conjunto de la ciudadanía, que nos reclama los mejores servicios y una gestión eficiente y racional de los recursos públicos.  La evaluación de si efectivamente ha merecido la pena deberá tener en cuenta muchos factores (el gasto realizado, los centros que se han limpiado, la calidad…)y deberá realizarse cuando haya pasado el tiempo suficiente. Es nuestro compromiso y nuestra obligación rendir cuentas de ello cuando tengamos datos al respecto.

Naturalmente, para que el Ayuntamiento pueda gestionar directamente el servicio será necesaria la contratación de personal y para ello se están elaborando unas bases para la creación de una bolsa de empleo. Creemos que puede y debe ser un punto de arranque para cumplir otro de nuestros compromisos electorales: avanzar en la dirección de que los procesos de contratación municipales sean más objetivos, transparentes y bajo los criterios de mérito y capacidad. Ahora es la limpieza pero más adelante deben ser los servicios de obras, jardinería y otras actividades municipales.

Son varias ya las sentencias judiciales que han señalado que la subrogación del personal de empresas privadas que mantienen contratos con administraciones públicas es ilegal. En el acceso al empleo público, señalan los tribunales en los últimos años, deben imperar los principios de concurrencia, publicidad, mérito y capacidad, y el acceso a través de otros procedimientos podría considerarse una “puerta falsa”.

A la hora de tomar esta decisión hemos tenido en cuenta todos estos elementos, y no ha sido fácil. Somos plenamente conscientes de que toda decisión implica aspectos positivos y otros no tan favorables. La utopía no existe o, si lo hace, al menos no es tan aparente como pudiera parecer. Los responsables públicos tenemos el deber de poner en marcha las medidas que entendamos mejor para el interés general y, sinceramente, estamos convencidos de que en este caso así es. Si hemos acertado o es un error, el tiempo lo dirá.

Notas sobre la participación ciudadana (I)

participación-ciudadana

Dice Adela Cortina que uno de los grades retos de las sociedades contemporáneas es resolver la contradicción entre una ciudadanía preocupada casi exclusivamente por sus necesidades individuales y la necesidad democrática de que esos mismos ciudadanos construyan espacios colectivos.

Tras varias décadas de apatía galopante, el impacto de la crisis económica ha resquebrajado los anclajes sociales de colectivos que nunca habían visto amenazado su modo de vida. Desprendido el velo, cuestiones como la defensa de los servicios públicos, la necesidad de la ética política o la corresponsabilidad en las decisiones públicas han emergido de nuevo a la agenda, tras la revitalización del tejido social. La buena noticia es que muchos de los que antes contemplaban las demandas y reivindicaciones sociales desde su sillón, con desatención y distancia, se han sumado en diferentes esferas al debate público, o directamente a la acción. La otra cara de la moneda la vemos cuando las decisiones que afectan a los derechos de la gente se convierten en política espectáculo o sencillamente se realizan planteamientos tan simplistas que impiden una verdadera reconstrucción democrática.

Que España pase de ser un país que jalea a corruptos (recordemos las hordas ciudadanas abucheando a la policía en las detenciones del caso Malaya) a uno en el que crece el interés por las cuestiones políticas es una gran noticia, sin duda. Pero ese cambio de perspectiva ha dejado al descubierto un déficit institucional en materia de participación democrática. Apenas existen mecanismos, o los que hay están tan manidos y sesgados que no mantienen los mínimos exigibles para considerarlos como tales, salvo honrosas excepciones.

Sin duda, la participación y la corresponsabilidad en las decisiones ofrecen muchas ventajas y son aconsejables independientemente de la demanda ciudadana. En primer lugar, porque los poderes públicos, a todos los niveles, deberían fomentar que dicha necesidad existiese. Se trata de un principio de concepción de la democracia y de defensa de la misma: no abonar el interés por lo público conduce a situaciones indeseables. En segundo lugar, porque la participación implica cuestiones mucho más profundas que la toma de decisiones. Para que haya verdaderos procesos de debate colectivo ha de haber información y transparencia (no se puede decidir seriamente sobre algo que se desconoce), rendición de cuentas, evaluación permanente y confianza institucional.

El municipio, la ciudad, el pueblo, es, sin duda, el ámbito con mayores posibilidades. Se trata de la administración más cercana a los ciudadanos y donde los problemas y las realidades se palpan en lo cotidiano. Las más ambiciosas y mejores propuestas de participación se han ideado para ser aplicadas a nivel municipal. El presupuesto participativo de Porto Alegre nació como una “utopía irrealizable” y hoy es una realidad consolidada en miles de localidades de todo el mundo, donde la soberanía popular se desarrolla en una comunión entre políticos, técnicos y ciudadanos que elaboran, entre todos, las prioridades que debe afrontar su municipio.

En el fondo se trata de hacer pedagogía política. No sólo de compartir las decisiones, que es el último escalón, sino la identificación de los retos, el análisis de las problemáticas, la definición de las prioridades, el conocimiento de las contradicciones y el mayor condicionante de toda actuación pública: no se puede hacer todo, y por tanto hay que elegir.

Reducir la barrera entre representantes y representados es una tarea titánica, pero que el ámbito municipal, y en especial en lugares como Ciudad Rodrigo, puede llevarse a cabo. No es una labor de una legislatura sola, sino de un proyecto de ciudad donde todos y todas se sientan parte, conozcan la realidad y puedan tomar las decisiones. Las más sencillas y las más complejas.