Una Escuela Infantil de tod@s y para tod@s.

Afrontamos esta legislatura con la ilusión de ser útiles y con el encargo (y el empeño) de dar un golpe de timón en las coordenadas y prioridades de la política municipal. Con independencia de todo lo demás, el objetivo es situar a las personas en un primer plano, y para ello es imprescindible que exista un desarrollo profundo de la política social que permita el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía.

Pero si tuviéramos que identificar un símbolo, la Escuela Infantil podría jugar ese papel a la perfección. No en vano, las decisiones tomadas por el PP alrededor de la misma fueron la evidencia de la abismal diferencia entre los distintos proyectos políticos. Y, una vez que hemos tenido tiempo de actuar políticamente, merece la pena detenerse a analizar y revisar los debates mantenidos.

Hay que aclarar que Ciudad Rodrigo dispone de esta instalación gracias a una de las más interesantes iniciativas del gobierno de Zapatero (todo hay que reconocerlo, por más que sigamos manteniendo enormes diferencias con su mandato). El Plan Educa3 pretendía llevar plazas de Educación Infantil a todos los puntos de la geografía nacional mediante la firma de convenios. La construcción de este edificio se enmarca, por tanto, en este proyecto. Su construcción y puesta en funcionamiento abría la puerta a la puesta en marcha de un verdadero servicio público educativo en nuestro municipio, que facilitase una concreción más avanzada del Estado del Bienestar, pero el PP, como suele hacer cuando se trata de los aspectos sociales de la política, dejó pasar la oportunidad y el resultado se quedó a medio camino.

La apuesta del Partido Popular gobernante en Ciudad Rodrigo fue la del mínimo esfuerzo municipal en esta materia. Se proponía un servicio prácticamente en régimen de mercado y destinado en exclusiva a la conciliación de la vida laboral y familiar. La primera propuesta que el anterior equipo de gobierno trasladó al debate introducía unos precios públicos cuya pretensión era cubrir los gastos con las cuotas pagadas por las familias y únicamente la presión política hizo que se nos entregase un segundo borrador en el que se incorporaban tibias bonificaciones. En el fondo, se partía de una concepción de “guardería” y no de “escuela infantil”. Por otro lado, se optó desde un punto de vista político por la gestión privada del servicio. Es importante destacar que no se justificaba esta decisión en la incapacidad de contratar personal fijo (con la que nos encontramos en la actualidad) o en cuestiones organizativas. No sorprende a nadie que el PP es un firme defensor del liberalismo económico y sostiene de manera firme la eficacia de la gestión privada, pese a que la evidencia demuestre lo contrario.

Conscientes de las limitaciones legislativas con las que nos encontramos en el ámbito municipal, cuando discutimos y elaboramos nuestro programa electoral no hablamos abiertamente de la gestión directa del servicio. Lo intentaríamos, pero en absoluto podríamos asegurar que se consiguiese. La principal barrera tiene que ver, como ya se ha indicado, con la contratación del personal. En la actualidad, los Presupuestos Generales del Estado impiden a cualquier ayuntamiento la creación de plazas nuevas, con independencia de su situación financiera. Semejante medida, que solamente podría ser obra del mismísimo Montoro, obligaría a gestionar el servicio con contratos temporales. Es evidente que hay servicios susceptibles de ser gestionados de este modo (por muy preferible que sea mejorar la calidad de los contratos), pero cuando se pretende el refuerzo de un servicio educativo, en el que es necesaria la continuidad de los profesionales, es necesario desechar la idea desde un primer momento. Por ello, y teniendo como tenemos una buena opinión de la entidad del tercer sector que gestiona la Escuela Infantil y de sus profesionales, la única decisión que podíamos tomar sin menoscabar la calidad del servicio era la prórroga del contrato.

El verdadero reto era, no obstante, el de hacer que la Escuela Infantil sea un servicio especialmente pensado para los niños y las niñas, y no solamente para la conciliación de los padres y las madres. Y es que este cambio de perspectiva no es baladí. Si se trata de un recurso a disposición de la conciliación laboral y familiar, los precios (y sus bonificaciones) deberán estar pensados para familias con ingresos más o menos regulares y no tendrá ningún sentido garantizar el acceso de niños y niñas de familias con escasos recursos.

Pero siempre hemos sido conscientes de que los niños y niñas son también ciudadanos, y por lo tanto tienen derechos. Entre otros, el derecho a una educación a lo largo de la vida, que les permita desarrollarse de manera íntegra. El derecho a la igualdad de oportunidades y a lo que los pedagogos llamamos “atención temprana”, desde la firme convicción de que aquellos niños y niñas que han pasado por la Escuela Infantil tienen mejor rendimiento en el resto de su vida académica (en términos estadísticos). Por ello, los precios debían estructurarse de tal manera que ningún niño o niña se quede fuera del servicio por motivos económicos.

A esta tarea llevamos dedicados mucho tiempo y vamos ya por la tercera modificación de la ordenanza fiscal. Creo que los precios que salen del debate que tendremos el viernes en el pleno ordinario son mucho más justos, equitativos y adecuados a la realidad del servicio. Al final, habremos creado hasta 10 tramos de bonificaciones en función de la renta per cápita, que en algunos casos afectarán también a la matrícula y el comedor; reconocido la reducción de precio para los niños y niñas nacidas de parto múltiple e incluso mejorado los precios de madrugadores, por no hablar de que también ha aumentado la bonificación para los alumnos y alumnas que acudan durante todo el curso escolar.

Son una muestra, espero, del cambio de prioridades políticas y de la nueva manera de mirar. Una mirada hacia los derechos para construir una Escuela Infantil de tod@s y para tod@s.

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