Hoy escribo más tarde. Como un iluso, he esperado a que se fuera desarrollando el debate sobre ese decreto sobre medidas sanitarias y con la esperanza de que hubiera algún movimiento, alguna modificación, siquiera una intención de conseguir algún tipo de debate. Nada de nada.
La tramitación se realiza de una manera, como Real Decreto Ley, que ni siquiera se puede hacer una argumentación razonable pues únicamente permite una intervención por grupo. ¿Alguien cree que puede haber un debate sobre la esencia del Sistema General de Salud con una intervención por grupo? ¿es que tocar el núcleo del Estado del Bienestar español no merece siquiera la posibilidad de que los distintos partidos presenten enmiendas? Es injustificable que se produzca, como ha señalado Gaspar Llamazares, un estado de excepción legislativo.
Se trata de modificar todo el modelo, de cambiar el propio modelo. Lo que hoy se está produciendo en el Congreso es un ataque a la línea de flotación de las prestaciones sanitarias en España. Se acaba la universalidad. El que era el elemento que mejor definía el Sistema Sanitario Español, esa característica que nos permitía estar orgullosos de un sistema aún con sus muchísimos defectos, se acaba mediante una tramitación que durará apenas un día.
Como dije en una columna anterior, la reforma no sólo es injusta sino incluso, como algún diputado ha señalado, “tiene visos de criminalidad”. Dejar fuera del Sistema Sanitario a los inmigrantes sin papeles no es atacar al turismo sanitario, es poner en marcha el programa político de Le Pen (dejando a las claras que la extrema derecha no necesita un partido en España, porque están integrados en el que se encuentra en el Gobierno). Que los mayores de 26 años sin cotizar pierdan la cartera es de una crueldad y una bajeza moral que no merece ni siquiera ser analizado. Instaurar copagos en España tras negar una y mil veces el propio concepto no tiene nombres. Llamazares ha citado al British Medical Journal, que dice de este decreto que es “el fin del Sistema Nacional de Salud en España”.
Por si fuera poco, se sitúa en un proceso de ataque a las competencias de las distintas administraciones. Algo a lo que, por cierto, se está acostumbrado demasiado el Gobierno.
Primero fue una imposición a los Ayuntamientos de una subida del IBI. En el caso del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha sido del 10% y no deben estar muy contentos con ello, puesto que lo han escondido en los recibos domiciliados.
Después vino una imposición de medidas de ajuste a las Comunidades Autónomas bajo la amenaza de intervención. Hoy nos encontramos con reformas que afectan a Sanidad y Educación, dos de las grandes competencias que la Constitución Española da a las Comunidades Autónomas. Recortes brutales, que afectan a la esencia de nuestra convivencia y nuestro contrato social que se realizan con una clara presunción de inconstitucionalidad.
Los mercados, hablando a través de Rajoy y Ana Mato, han decidido hoy que los españoles no tienen ya derecho a la salud en los términos que habíamos conquistado. Hoy, en el Congreso de los Diputados, han puesto dinamita en el Estado del Bienestar. No hace falta hacerla arder, porque el fuego ya estaba encendido de antemano.
Multiverso Incognoscible 