Dignificar la memoria

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Ángel Iglesias Ovejero, incansable luchador y estudioso, de los empeñados en rebuscar en papeles amarillos, sucios y viejos para poner rostro a los episodios de nuestra tierra, ha finalizado con éxito una investigación titulada la represión franquista en el sudoeste de Salamanca (1936-1948). Ha documentado a más de 900 víctimas que sufrieron eliminación física (asesinato), cárcel, depuración, sanciones económicas, exclusión de ayudas y desamparo por medio de juicios sumarísimos, expedientes gubernativos o las conocidas detenciones sangrientas, sacas domiciliarias, cese del puesto de trabajo en el caso de funcionarios y empleados… en un total de 20 pueblos de nuestro entorno.

Describe la represión organizada y sistemática, primero de una facción militar y posteriormente (durante y después de la guerra), de estado. Una acción basada en el terror que tomaba su legitimidad en el llamado del general Mola cuando señaló, en sus instrucciones reservadas, que “se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo” y, poco después, entre otras lindezas “es necesario propagar una imagen de terror (…), cualquiera que sea, abierta o secretamente, defensor del Frente Popular debe ser fusilado”. Muchos de ellos siguen, aún hoy, sin recibir decorosa sepultura y se encuentran en fosas comunes por distintos puntos de nuestra comarca… y del término municipal de Ciudad Rodrigo.

El reto de hacer justicia con nuestra historia no puede pasar por una posición equidistante (“era una guerra y las guerras son así”), que olvide el papel de cada uno (defensores de la democracia frente a defensores del fascismo y el nazismo) o, sencillamente, que no entienda que la dura represión se alargó mucho más allá del fin de la contienda militar, para formar parte del día a día de una maquinaria entre cuyos objetivos estaba la aniquilación de la disidencia política, cultural, académica y social.

La retirada de cualquier honor y reconocimiento público a quienes impulsaron un régimen dictatorial y criminal no es un capricho, sino un deber de los demócratas, en el marco de construir una sociedad que defienda los valores de la tolerancia, el pluralismo y los derechos humanos, y los promueva. Que una institución pública mantenga estatuas, calles o nada menos que medallas honoríficas a quienes debieron estar sentados en el banquillo como criminales de guerra y genocidas no es admisible en ningún país que se pretenda decente.

Dirán que hay otras cosas más importantes, como si fuera incompatible avanzar en la senda de la dignidad histórica y aprobar un presupuesto con mirada social o hacer gestiones en otras administraciones para la promoción del empleo. Como si la acción de gobierno no se basase en mantener abiertas muchas carpetas a la vez, dando la batalla en tantos y tantos frentes. Dirán, también que no es momento de revisar la historia, que la historia es lo que es, y no hace falta cambiarla, obviando que la escriben los ganadores y siempre a costa de los perdedores, y que la identidad y la fortaleza de nuestra sociedad se basa también en el aprendizaje sobre los propios errores.

Dice Jürgen Habermas que para aprender de la historia no podemos “reprimirla ni echarla a un lado”, sino afrontarla y mantenerla abierta a examen crítico permanente.  Los alemanes afrontaron con dolor sus experiencias más terribles e inhumanas, pero lejos de situarlas en el inconsciente colectivo todavía hoy continúan dando pasos para enfrentarse a ellas cara a cara y sabiendo claramente de qué lado se ponen en la contienda. Frente al olvido, ellos han decidido que los nazis solamente estén en los museos, que en las escuelas se explique el horror que supuso ese régimen, que los campos de concentración sirvan para ilustrar el terror allí vivido y erigir numerosos monumentos (que hoy siguen elevándose) para recordar algo que acabó hace 70 años pero que no quieren que vuelva a repetirse. En algunas calles se puede encontrar, a la puerta de una casa, unas pequeñas placas con el nombre de personas que allí vivieron y fueron asesinadas, deportadas o torturadas. Les recuerdan, porque están de su lado.

En nuestro país no hubo juicios de Nuremberg y el único condenado por el mayor genocidio de nuestra historia reciente ha sido el juez que intentó investigarlo, las calles se llenan de “generalísimos” y “primos”, como si no fuera una ofensa democrática y se pretende imponer el olvido como política nacional.

Aquí hemos dado pasos, naturalmente, y gracias a la acción que Javier Infante, Gorka Esparza y quien escribe comenzamos hace ya casi tres años, los pueblos y ciudades de nuestro entorno van retirando honores. Incluso Javier Iglesias, que negó hasta tres veces, se ha visto obligado a retirar, por sentencia judicial, la medalla que Franco tenía en la Diputación (por unanimidad). Frente a ese cambio de postura del PP en muchos lugares, en Ciudad Rodrigo siguen defendiendo la existencia de la medalla (en vías de retirada) y ponen problemas para quitar a los caudillos de nuestras señales. Pero nosotros seguiremos paso a paso, avanzando, y sabiendo que no se trata solo de quitar o poner, sino de recordar y dignificar.

 

 

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