La Escuela Pública ahogada a golpe de concierto

La semana pasada llegó a mi correo electrónico un informe de la Fundación Alternativas titulado “los efectos de los conciertos sobre la eficiencia y la equidad del sistema educativo español“. De su lectura se desprenden varias conclusiones que me parecen importantes, más teniendo en cuenta que hoy (6 de Julio) se está estudiando en el Consejo Escolar del Estado un decreto del Gobierno sobre los conciertos educativos que, pese a que el Ministerio lo plantea como un freno, parece que va a agrandar ese pastel que se reparten los intereses privados y que agudiza los problemas de la Escuela Pública.

La primera conclusión es evidente. Las escuelas privadas concertadas, esas mismas que se vanaglorian de obtener mejores resultados en las pruebas de rendimiento PISA, utilizan peor los recursos de los que disponen que la escuela pública. Lo que viene a demostrar algo que muchos ya sabíamos, y es que esos aparentemente mejores resultados son fruto de una selección ilegal e inmoral del alumnado y no de la nunca demostrada “superioridad de los entes de mercado”. No obstante, también se desprende (en las conclusiones del citado informe) que la Fundación Alternativas, afín al PSOE, no asume el problema de raíz, planteando la necesidad de mantener esos conciertos abusivos y que lastran la inversión en Escuela Pública, en vez de limitarlos. El análisis que se realiza es que  no hace falta disminuir los gastos en escuelas privadas concertadas sino mejorar los sistemas de regulación e inspección para que no exista la sangrante segregación del alumnado. Aún a sabiendas de que eso impide una correcta inversión en Escuela Pública de Calidad.

Todo ello edulcorado al amparo de un artículo 27.3 de la Constitución que se lee de una manera agresivamente parcial. No existe ningún precepto Constitucional que diga que el Estado, es decir, todos los ciudadanos, debamos financiar de manera creciente y sine die los gastos de una escuela privada concertada de peor calidad. Es cierto que la Carta Magna recoge la posibilidad de que existan ayudas públicas para los centros “que reúnan los requisitos que la ley establezca” (art. 27.6 CE), pero de ahí a que dichas condiciones sean extremadamente benévolas hay un trecho importante.

Cuando aparecieron las escuelas privadas concertadas con la Ley del Derecho a la Educación de 1985, se vendió la idea (y no dudo que alguno se lo creyera en su momento) de que serían una herramienta limitada en el tiempo, con la intención de ir avanzando en la construcción de una red pública que atendiese a las necesidades de escolarización de la población. Frente a tan bondadosas expectativas, las escuelas privadas puras, también en los sectores ligados a la Iglesia, hicieron suyas las condiciones benévolas que la citada ley planteaba, dejando, como se ha demostrado, estrategias sibilinas de selección que hacen que, hoy por hoy, el 75% de los inmigrantes se encuentren en la Escuela Pública y notablemente segregados en las escuelas privadas concertadas. Al contrario de lo que cabría suponer, el Estado se ha cuidado mucho de cumplir el famoso artículo 27.3 (de una forma muy sesgada, como decimos) pero muy poco de cubrir las necesidades de escolarización con una Red Pública, a través de la inversión, tal y como establece taxativamente el artículo 27.5 de la Constitución.

El resultado es sobradamente conocido. Las escuelas privadas concertadas campan a sus anchas por todo el territorio, creciendo como setas mientras localizan Ayuntamientos que les ceden suelo público. El alumnado se va segregando creando una doble red, de cuya existencia sacan partido los empresarios al frente de dichas escuelas concertadas y, más importante, el Estado gasta tantos recursos en amparar a estas empresas privadas que no dispone de presupuesto para invertir en una Escuela Pública de calidad. Hoy en día las escuelas privadas concertadas escolarizan a más del 33% del alumnado español y en lugares como la Comunidad de Madrid las cifras dan verdadero pánico.

El Decreto que se hoy se discute en el Consejo Escolar del Estado favorece aún más los intereses empresariales. Para empezar, se plantea la posibilidad (tal y como se aprobó en la anodina LOE) de ampliar los territorios de privatización educativa a sectores como la educación infantil, allí donde no llegaba. Por si fuera poco el dinero público destinado para tales fines, se ofrece una especie de sueldo al Presidente de la empresa, aún sin tener cargas docentes y, para colmo, se sigue manteniendo al profesorado en unas condiciones muy inferiores a las que disponen los de la Escuela Pública.

Es urgente un cambio de rumbo en esta cuestión o seguiremos en el atolladero. Los conciertos educativos han de ser subsidiarios, es decir, deben darse únicamente allí donde no hay Escuela Pública suficiente para garantizar el Derecho a la Educación de todos y todas. En este mismo sentido, han de ser revisables año a año, para poder limitar las prácticas ilegales y contraproducentes a las que estamos sobradamente acostumbrados. Además, es urgente que el Estado y las CCAA comiencen a aliviar el gasto que suponen estas escuelas privadas concertadas para poder invertir más y mejor en una Escuela Pública de Calidad para todos y todas, a la vez que se mejoran las condiciones laborales del profesorado de la concertada mediante una reducción de los márgenes de beneficio de las empresas que “malgestionan” esas escuelas.

Todo lo cual, leído el Informe de esta Fundación afín al PSOE y el Decreto Ministerial, parece que no se va a realizar. El diagnóstico es bastante certero, pero el tratamiento parece que agravará la enfermedad.

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2 comentarios en “La Escuela Pública ahogada a golpe de concierto

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