“Supuestamente” irregulares y el deber de empadronar

Decía Hugo que ser laico es, a veces, darle la razón a una monja. Tomando ejemplo, voy a publicar un artículo que me ha llegado por correo electrónico y que no he localizado en la web (si alguien tiene el enlace que me lo pase, para que lo ponga). Está firmado por José Luis Segovia Bernabé, Profesor de Ética Social en la Universidad Pontificia de Salamanca (sí, la privada de los curas).

Me ha llegado a párrafo único de manera que la separación en este sentido es absolutamente arbitraria, pero su lectura aclara muy bien lo que hay de fondo en este proceso que hemos llamado de “quitarse la máscara”. Porque se trata de negar derechos y no de otra cosa, por muy bonitos, estéticos y “de necesidad” que lo quieran vender algunos. Lean, comenten y debatan, porque para eso lo he subido. Yo tampoco estoy de acuerdo con todos los matices del documento pero si no lo discutimos ¿para que demonios sirve este blog?…

A raíz del acuerdo del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a las personas sin permiso de residencia, se ha abierto un debate sobre la presunta incoherencia entre un hecho (estar irregularmente en España) y un derecho (estar empadronado y lo que implica).  La discusión revela al menos  tres cosas. Una: hasta qué punto los ciudadanos estamos carentes de la más mínima cultura jurídica. Dos: el poco nivel de determinadas autoridades, incluidas las que han pasado por las Facultades de Derecho. Y tres, más importante: lo bajo que cotiza la dignidad humana. Trataremos de aclarar algunas ideas básicas.

Una cosa es la situación  “material de hecho” (p.e., acabar de nacer, haber cometido un delito, haber superado un semáforo en fase roja  o no contar con permiso de residencia legal). Otra muy diferente es la traducción “formal del Derecho”: así,  no hay acceso a la personalidad jurídica hasta después de 24 horas de nacer, sólo se “es” delincuente cuando se dicta una condena firme tras un juicio con todas las garantías, únicamente se puede imponer la multa después de las alegaciones del conductor, contrastar las  pruebas, etc., y, finalmente,  una persona exclusivamente “es” irregular” cuando así se determine al término de un procedimiento con todas las garantías de la Ley de extranjería. No hay contradicción alguna entre los términos materiales y los formales: simplemente se llama “garantías jurídicas” y han costado sangre y siglos formularlas. Por consiguiente, establecida jurídicamente y en firme la situación fáctica de irregularidad,  en tanto no se ejecute la eventual  expulsión, la persona extranjera permanece en territorio nacional sometida a todos los derechos y deberes que esta circunstancia territorial implica.

El Derecho, como la Democracia, también son las formas.  Ayuno de las garantías procedimentales, el Derecho sustantivo deviene en  totalitario. Por lo tanto, del mismo modo que, por respeto al Estado de Derecho, hablamos de “supuesto delincuente” (aunque haya hecho esfumarse delante de nuestras narices todos nuestros ahorros) hasta que no sea ejecutoriamente condenado, en rigor deberíamos empezar a hablar de “supuestamente irregular”: sólo se  “es” irregular cuando así se haya establecido al término de un procedimiento reglado que, en su caso, culmine con la orden de expulsión y su efectiva ejecución. Mientras tanto, dispone de los derechos recogidos en la legislación que son de aplicación a todas las personas que permanecen sometidas al paraguas legal e institucional del Estado en cuyo territorio se ubican. Incluido, por supuesto, no sólo el derecho sino el deber de estar empadronado. Entre otras razones, porque el Padrón, amén de puerta de acceso a la cobertura de necesidades elementales protegidas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es, sobre todo, un instrumento de verificación estadístico que permite a las autoridades conocer el número de personas (y algunas de sus circunstancias) que habitan efectivamente en un territorio, con el fin de programar las politices necesarias de orden público, sanidad, etc. El no empadronarlos “porque van a ser expulsados”, además de anticipar el resultado “contra el reo”  y de pervertir la lógica del buen Derecho, supone el ejercicio de una gravísima irresponsabilidad política de nefastas consecuencias en el ámbito de la sanidad y el orden público (difusión de enfermedades no controladas, proliferación de población sin domicilio conocido….). En suma, abre un auténtico agujero negro que impide conocer elementalmente  la realidad humana de un municipio. Sería una paradoja tener censadas todas las hayas o las ardillas y no hacer lo propio con las personas.

De fondo subyace una peligrosa deriva hacia la relativización de la dignidad humana. Esta, por intrascendente, acaba perdiendo por el camino la universalidad de sus atributos  y el efectivo ejercicio de los derechos humanos. Por último, deben mencionarse los derechos de todos los niños (la Convención de 1989 es de directa aplicación en España) a que prevalezca su interés superior y su derecho a la educación, a la sanidad, etc.,  por encima de cualquier otra consideración, incluso cuando eventualmente fuere legítima. A los regidores de Vic les vendría muy bien escuchar el Sermón de Fray Antón Montesino en 1511, recogido por Bartolomé de las Casas, cuando los encomenderos españoles tuvieron que oír desde el púlpito: “¿acaso no tienen animas racionales como nosotros los indios?” ¿Tendrán las aves rapaces más acceso a los censos que nuestros congéneres?

2 comentarios en ““Supuestamente” irregulares y el deber de empadronar

  1. He podido localizar el origen del artículo: se publica en el Diario de Córdoba, pero sólo es accesible a través de un dispositivo móvil, según reza el aviso que aparece cuando se intenta llegar a la página.

    Lo he leído con atención y me parece muy acertado, especialmente desde el punto de vista jurídico (será mi deformación profesional). Seguramente aproveche su blog para enlazarlo desde el mío mañana hablando de este tema (también me ha gustado mucho lo que escribe el compañero Hugo).

    Saludos.

  2. Pingback: Bitacoras.com

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